Por Jesús J. Sebastián
La Asociación Transatlántica
para el Comercio y la Inversión, conocido en inglés como Transatlantic
Trade and Investment Partnership (TTIP), es una propuesta de tratado de
libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos. El gobierno de EE.UU.
considera la asociación como un complemento a su Acuerdo Estratégico
Trans-Pacífico de Asociación Económica. En cambio, la Unión Europea está siendo
duramente criticada por el secretismo y la falta de transparencia con el que se
están llevando las negociaciones, de espaldas a la opinión pública.
El objetivo del tratado es doble:
primero, eliminar todo tipo de obstáculos aduaneros entre EE.UU. y la UE,
incluidas las llamadas barreras no arancelarias, como son las constituciones y
las leyes de los Estados firmantes, que no podrán intervenir en la regulación o
intervención de sectores económicos estratégicos; y segundo, el poder atribuido
a las grandes corporaciones para denunciar a los Estados cuando entiendan que
éstos ponen obstáculos al libre comercio, el acceso al mercado y la libre
distribución de bienes y servicios.
El pensador francés Alain de
Benoist acaba de publicar el libro Le Traité Transatlantique et autres
menaces. En él, De Benoist considera que estamos ante uno de los eventos planificados
que marcarán el rumbo del siglo XXI, que él denomina como la “gran marcha
transatlántica”, una amenaza neoliberal de la que depende buena parte del
devenir de Europa. Se trata del mayor acuerdo bilateral, con una gigantesca
zona de libre comercio, que reúne más del 40% del PIB mundial y más de
800 millones de consumidores con poder adquisitivo. El resultado será, a corto
plazo, una auténtica unión económica y comercial entre EE.UU. y la UE. Un viejo
objetivo de los medios financieros y liberales.
Así que ya se han constituido dos
bandos. Por un lado están sus defensores, que subrayan el beneficio que
supondría para el crecimiento económico de las naciones que lo integren, el
espectacular aumento de la libertad económica y el fomento de la creación de
empleo. Por otro, sus detractores argumentan que estos presuntos beneficios se
producirían a costa del aumento del poder de las grandes empresas y que se
produciría una drástica desregulación de los mercados rebajando los niveles de
protección social y medioambiental. De esta forma, se limitaría la capacidad de
los gobiernos para legislar en beneficio de los ciudadanos, especialmente en el
sector de los trabajadores, que cederían sus derechos en favor de los
privilegios de los empresarios. De hecho, el tratado no permitiría a los
gobiernos nacionales aprobar leyes para la regulación de sectores económicos
estratégicos como la banca, los seguros, los servicios postales o las
telecomunicaciones, contemplando que, ante cualquier expropiación, las empresas
puedan demandar a los Estados exigiendo la devolución de su inversión más
compensaciones e intereses.
Las críticas lo califican de “un
sueño neoliberal, una pesadilla democrática”, un nuevo instrumento demoledor
del neoliberalismo desregulador, que va más allá de los acuerdos bilaterales
vistos hasta ahora: es un ataque a la soberanía popular con el que se pretende
reducir los estándares ambientales, sociales y laborales e incrementar los
privilegios de las corporaciones en un solo acuerdo. Por ejemplo, el TTIP
amenaza importantes aspectos de los principios y protecciones existentes en
salud pública, que van desde el acceso a los medicamentos esenciales y a los
servicios sanitarios hasta el control y regulación del sector de la
alimentación y los productos sanitarios, y también en los sectores de
protección socio-laboral y medioambiental, que la Troika ya lleva tiempo
desmontando. Mientras, los think-tanks neoliberales ya han empezado una
gran campaña a favor del TTIP basada en un único punto: más comercio, más
beneficio.
En palabras de Juan Torres López,
uno de los dos economistas redactores del programa económico de Podemos,
"la teoría económica, incluso la teoría económica ortodoxa, no ha
conseguido demostrar que el libre comercio sea mejor que otro régimen
comercial, salvo en condiciones de competencia perfecta que es imposible que se
den en la realidad".
Pero, ¿qué riesgos implica el
tratado para los Estados y la ciudadanía europea? Para el Estado hay unos
riesgos esenciales. En primer lugar, su desaparición absoluta en el ámbito
económico y la imposibilidad de aplicar políticas distintas a las
normativizadas por los neoliberales en el TTIP. Además, las características de
un tratado como éste, que depende de su aprobación por la Unión Europea, harían
materialmente imposible su modificación por los Estados, aun en el caso de que
nuevas mayorías pidieran su modificación. En segundo lugar, la privatización de
la justicia, al someter todas las discrepancias sobre las inversiones
exteriores a procedimientos arbitrales privados.
Pero serán los ciudadanos
europeos los que se lleven la peor parte: 1. Pérdida de derechos laborales, ya
que EEUU sólo ha suscrito 2 de los 8 Convenios fundamentales de la OIT. 2.
Limitación de los derechos de representación colectiva de los trabajadores. 3.
Olvido del principio de precaución en materia de estándares técnicos y de
normalización industrial. 4. Privatización de servicios públicos, por el
establecimiento de una lista reducida de aquellos que no se pueden privatizar.
5. Riesgo de rebaja salarial, teniendo en cuenta los efectos sobre los salarios
que pueda tener la aplicación analógica con el NAFTA (con México) y el Acuerdo
Trans-Pacífico (con países asiáticos). Tampoco los ciudadanos norteamericanos
saldrían beneficiados: 1. Mayor dependencia del petróleo si se consuma la
restricción a la utilización de los carburantes menos contaminantes. 2. No
etiquetaje de productos modificados transgénicamente. 3. Eliminación de reglas
sobre los mercados financieros, más estrictas en la actualidad en EE.UU. 4.
Eliminación de las evaluaciones independientes de los medicamentos no
producidos en los EEUU. 5. Eliminación de las reglas de preferencia nacional en
los contratos públicos.
En España, el TTIP todavía es un
gran desconocido porque, como es habitual, tanto los conservadores como los
socialdemócratas están muy interesados en ocultar los debates de fondo. Pero
debemos ser conscientes de que este tratado necesita del acuerdo favorable del
Parlamento Europeo y el de los Estados miembros, pero sin ratificación
posterior mediante consultas o refrendos populares. Por eso, los ciudadanos
europeos todavía estamos a tiempo para movilizarnos y oponernos, rechazando la
nueva amenaza neoliberal en cada consulta electoral.
Extraído de: El Manifiesto
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